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Noviembre 2012
Edición No. 285
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¿Qué pasó con el fraude
del Distribuido Vial Revolución?

Augusto Hugo Peña Delgadillo.


Alguien quiere cobrar cuentas pendientes con contendientes políticos considerados enemigos. Eso me parece y por ello ligo, tanto el asesinato del hijo de Moreira como con las probables amenazas y/o persecución de uno de los responsables del fraude consumado en la construcción y demolición del Distribuidor Vial Revolución. Mal chiste que le costó a la ciudadanía, más de 200 millones de pesos. Recién me entero que Jorge Viesca, secretario de Obras Públicas del estado en el gobierno de Enrique Martínez, al parecer echó tierra de por medio para evitar ser detenido o levantado, tal y como en los años del gobierno de Calderón, se estila.

Curiosamente, mientras Enrique Martínez y Martínez, goza de los millones que acumuló en su nefasto gobierno, festejando a lo grande la boda de su hijo Enrique, Jorge Viesca ha tenido que esconderse y abandonar negocio y familia en la Laguna. Lo mismo exactamente que sucede con el Secretario de Finanzas de Humberto Moreira. Me parece increíble que el Secretario de Obras Públicas de Martínez y Martínez tenga que huir para salvar su pellejo, mientras el principal responsable, el propio gobernador, EMM, goce de impunidad. Lo mismo pasa en el caso de la deuda de Coahuila. El Secretario de Finanzas de Moreira se hizo ojo de hormiga pero el profesor Moreira anda triste por lo de su hijo, pero en total libertad de acción.

Ni los más lerdos dentro de los coahuilenses -entre los que probablemente me encuentre- creé que Jorge Viesca sea el único responsable del fraude del DVR, ni tampoco que el señor Villarreal, Secretario de Finanzas de Humberto Moreira, sea el único delincuente en eso del crédito de 3 mil millones de pesos amparado en papeles falsos. Ni Enrique Martínez ni Humberto Moreira son tontos, seguramente –aunque en documentos no haya constancia- no pudieron estar ajenos al contrato del DVR ni al crédito mencionado.

En el caso del DVR, hubo quien otorgó el contrato y quien lo aceptó como constructor, y nadie se responsabilizó e incluso, se le dio -vía el Congreso del Estado- carpetazo. Respecto al crédito recibido, amparado en papeles apócrifos, hay varios responsables. 1.- El Secretario de Finanzas. 2.- La Secretaría de Hacienda. 3.- El Banco de México y 4.- El banco que otorgó el crédito. Asumo como un hecho que debieron ponerse de acuerdo para solicitar y otorgar dicho crédito ilícito. Nadie prestaría una suma de 3,000 millones de pesos, amparados en papelería falsa y reitero: Por la obra y la suma del crédito, no es creíble que los gobernadores no estuviesen al tanto. O, ¿usted qué opina apreciable lector?

 

ah.pd@hotmail.com

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
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